Al respecto, desde la entidad señalaron que ambos episodios, ocurridos con escasas horas de diferencia y en zonas densamente pobladas, no constituyen hechos aislados, sino que responden a una problemática estructural, vinculada con “la fragilidad de los sistemas de control y fiscalización, el incumplimiento sistemático de las normas de seguridad vigentes y la creciente informalidad en el manejo de sustancias peligrosas”.
En relación al incendio en Moreno, detallaron que este tipo de hechos “pone nuevamente en evidencia los riesgos asociados a la manipulación y almacenamiento inadecuado de compuestos químicos inflamables”, los cuales “pueden generar vapores tóxicos, reacciones peligrosas y una rápida propagación del fuego”.
Respecto al episodio en Mariano Acosta, destacaron la gravedad de las explosiones registradas y remarcaron que “constituye un claro ejemplo del riesgo extremo que implica la manipulación, almacenamiento y distribución inadecuada de Gas Licuado de Petróleo (GLP)”, el cual puede derivar en “explosiones del tipo BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) con consecuencias devastadoras para las personas, las estructuras y el ambiente”.
Asimismo, el Consejo advirtió que “la combustión incompleta de los materiales involucrados puede dar lugar a la liberación de sustancias altamente tóxicas”, incrementando los riesgos sanitarios para trabajadores, vecinos y equipos de emergencia.
En el comunicado en cuestión, la entidad fue especialmente crítica con las instituciones de contralor, al afirmar que “la cotidianeidad con que se suceden este tipo de eventos expone un escenario alarmante caracterizado por la ausencia de controles eficaces y sostenidos por parte de los organismos competentes”.
En ese sentido, remarcaron que “la falta de inspecciones regulares, la existencia de establecimientos no habilitados o en condiciones precarias, y la ausencia de trazabilidad en el manejo de sustancias químicas configuran un contexto de anarquía que pone en riesgo directo a la población y al entramado productivo de la provincia”.
Así, el Consejo Profesional también recordó la vigencia de la Ley Provincial Nº 7020 que rige el ejercicio de la química, subrayando que “su cumplimiento no es una mera formalidad administrativa, sino una garantía esencial de idoneidad, responsabilidad profesional y resguardo de la seguridad pública”.
Finalmente, el Consejo Profesional de Química realizó un fuerte llamado a la acción dirigido tanto al Estado como al sector privado: “Resulta imprescindible que se acerquen a nuestra institución para regularizar la matriculación del personal técnico y profesional, para así iniciar así un camino de trabajo conjunto tendiente a revertir la situación actual”, señalaron.
“La seguridad industrial no puede quedar librada al azar ni a la improvisación”, concluyeron, y advirtieron que “la normalización de estos episodios resulta inadmisible”, ya que cada incidente evitable implica “un riesgo inaceptable para la vida y la salud de la población”.
