En un comunicado, desde la institución señalaron que, bajo el argumento de la modernización y la inmediatez, estas plataformas están introduciendo “lógicas mercantiles incompatibles con el ejercicio ético y responsable de la medicina”, lo que representa “un claro riesgo para la salud de los pacientes”. Asimismo, advirtieron que el sistema sanitario argentino atraviesa un proceso de transformación impulsado por empresas tecnológicas “ajenas a la tradición médica y ética”, que tienden a convertir el acto médico en “una transacción comercial de bajo costo”.
En relación con el impacto sobre los profesionales, el Colegio alertó sobre la precarización del ejercicio médico a partir de la consolidación de modelos de contratación que promueven la denominada “uberización” de la práctica. Según indicaron, estas modalidades se caracterizan por “honorarios insuficientes y condiciones laborales ajenas a los marcos normativos vigentes”, al tiempo que imponen “tiempos de atención reducidos e incompatibles con una adecuada evaluación clínica”, afectando directamente la calidad de la atención y el criterio profesional.
Por otra parte, la entidad remarcó la existencia de un vacío regulatorio en materia de telemedicina que habilita la operatoria de empresas que no son instituciones de salud, pero que intervienen en la intermediación de actos médicos sin los controles correspondientes.
En ese sentido, subrayaron que “la ausencia de una legislación específica” genera incertidumbre sobre la protección de datos sensibles y la trazabilidad de las decisiones clínicas, comprometiendo derechos fundamentales de los pacientes.
El Colegio de Médicos también puso el foco en los riesgos de una medicina orientada a la “lógica transaccional”, donde la búsqueda de la satisfacción inmediata del usuario puede derivar en prácticas inapropiadas. Según se expresó en el comunicado, este enfoque “puede derivar en la prescripción acelerada de tratamientos sin el debido seguimiento clínico”, mientras que “la virtualización del vínculo médico-paciente atenta contra los principios esenciales de continuidad, integralidad y responsabilidad en la atención de la salud”.
Frente a este escenario, la entidad solicitó a las autoridades la sanción urgente de una Ley Nacional de Telemedicina que establezca obligaciones claras para las plataformas digitales en su carácter de agentes del sistema de salud. Además, reclamó la fijación de “honorarios mínimos éticos obligatorios para las prestaciones médicas virtuales” y la implementación de mecanismos de fiscalización estrictos respecto del cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos personales y derechos del paciente.
Finalmente, la institución reafirmó que “la salud constituye un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado, y no puede ser reducida a una lógica de mercado”, y destacó el rol central del médico dentro del sistema sanitario, señalando que su labor requiere “condiciones adecuadas para el ejercicio responsable, ético y de calidad”.
